Nacional vs Extranjero
Colombia, a lo largo de los años ha sido destacado como un país exportador de sustancias ilícitas en lo que conocemos como el narcotráfico, situación que ha puesto a la nación en una penosa lista negra que ha posado las miradas del mundo entero en este fenómeno que enriquece a pocos y acaba con la vida de muchos.
Además, la creciente expansión de cultivos ilícitos ha provocado una ola de violencia en diversas zonas del país, sobre todo en la costa pacífica donde miles de campesinos han sido asesinados o desplazados de sus territorios por las mafias que controlan este lucrativo negocio.
Sin embargo, con la aparición de evidencia científica que constata sobre el efecto positivo del cannabis y cannabinoides en el tratamiento de ciertas condiciones médicas, se ha abierto una posibilidad enorme para el país en por lo menos, con esta sustancia, sacar provecho y beneficiarse de un negocio que, según cifras reveladas en el último estudio de New Frontier Data, mueve alrededor de 150.000 millones de dólares al año. Nada mal para un país con casi la mitad de la población en situación de pobreza, según lo reveló el Dane.
Cabe recordar que, según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, publicado en el año 2019, el cannabis es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo.
Es por lo anterior que países como Canadá y Estados Unidos, tomaron la iniciativa y vieron en este negocio un enorme potencial económico para sus naciones, siendo los dos los principales productores de cannabis con fines medicinales y también recreativo.
Según Euro monitor Internacional, la expectativa de crecimiento de este negocio (legal) hasta el año 2025 es la siguiente:
FUENTE: EUROMONITOR INTERNACIONAL (2019)
Dicho lo anterior, Colombia no podía quedarse atrás en la intención de sacar provecho de este negocio y, a partir de la Ley 1787 de 2016, a través del decreto 613 de 2017, se definieron los requisitos para la expedición de licencias de siembra, cultivo y fabricación de productos derivados del cannabis con fines medicinales.
Dentro del marco regulatorio expedido por el Gobierno Nacional, las entidades encargadas de realizar la aprobación y expedición de las licencias son:
- Ministerio de Justicia y del Derecho
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
- Fondo Nacional de Estupefacientes
- Ministerio de salud
TIPOS DE LICENCIA
FUENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FUNCIONES DE LAS ENTIDADES
FUENTE: POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS
Vale la pena mencionar que, si bien es un gran avance para Colombia la expedición de leyes que permitan la siembra regulada de este producto es también evidente que dentro de las dinámicas de la población que se dedica a estas actividades (ilícitamente) distan de lo requerido por el Gobierno desde el desconocimiento y también desde la falta de recursos para llevar con éxito todo el proceso.
Es por todo lo mencionado por lo que inversores extranjeros vieron en las tierras colombianas el escenario perfecto para acogerse al nuevo marco regulatorio y a partir de él empezar a constituir sociedades en Colombia con el objetivo de aprovechar cientos de beneficios que brinda el Gobierno Nacional a inversiones extranjeras, el más evidente es el precio de dólar comparado con el peso colombiano y los beneplácitos tributarios que dichas inversiones poseen.
Sin embargo, esto dista mucho del ideal que se puede pensar con la regularización del cultivo de estas sustancias, pues tantos requisitos y trabas a la hora de expedir las licencias, impiden que el campesinado colombiano pueda acceder a ellos porque no hace parte de su competencia así su idea sea alejarse de la ilegalidad.
Javier Amaya, economista y asesor experto de diversas compañías de cannabis en Colombia, afirmó que “a los campesinos no les sirve mucho este tipo de normatividad porque el Gobierno pone muchas trabas y el capital para iniciar el negocio debe ser bastante alto, cumplir con los estándares de calidad implica una inversión que la mayoría de gente que se dedica a la siembra ilegal de este cultivo no posee. Además, la demora en la expedición de las licencias también implica otro inconveniente para las personas que viven en la ruralidad”.
Lo mencionado en el presente texto invita a pensar que el marco regulatorio expedido por el Gobierno Nacional beneficia y potencia el negocio del cannabis medicinal a los capitales extranjeros, quienes cuentan con múltiples ventajas frente al campesino colombiano.
Cartografía
¿Es el camino?
Colombia, a partir de la Ley 1787 de 2016, a través del decreto 613 de 2017, definió los requisitos para la expedición de licencias de siembra, cultivo y fabricación de productos derivados del cannabis con fines medicinales.
Fue aquí donde Laura Galindo vio la oportunidad que podría ser la solución a los problemas económicos que afrontaban sus abuelos, dos campesinos cuya pequeña finca se encuentra ubicada en el municipio de Manta, Cundinamarca, a 170 kilómetros de Bogotá.
Sin embargo, no tardarían en empezar a vivir en carne propia el calvario que, según ellos, significa conseguir una licencia que permita aprovechar este negocio.
Resulta que el Gobierno Nacional tiene un sistema de cupos para la adjudicación de las licencias y estos, además de agotarse rápidamente, son de más fácil acceso para los grandes capitales económicos.
Y cuidado, con lo anterior no queremos denunciar ningún hecho de corrupción, simplemente, como dice don Gabriel Galindo (abuelo de Laura), “esas licencias son solo para los ricos porque ellos tienen con qué pagar a personas expertas para que les den la licencia”.
A lo que se refiere Gabriel, es a que las compañías tienen ventaja a la hora de poder aspirar a un cupo que otorgue una licencia ya que utilizan intermediarios expertos que los coloca en una posición de privilegio en cuanto al campesinado colombiano, quienes, según los ponentes del proyecto, iban a ser los principales beneficiados con la aprobación de esta ley.
Y es que, para lograr aspirar a un cupo para la asignación de una licencia, el aspirante, además de reunir una cantidad considerable de papeles, también debe pagar una suma entre los 4 y 5.5 millones de pesos anuales, aclarando que las licencias son hasta por cinco años y que si quieren sembrar varios derivados pues deberán cancelar la suma ya mencionada en repetidas ocasiones (las licencias (4) son individuales por cada derivado del producto).
Por otro lado, es importante recalcar que la suma mencionada equivale alrededor de seis salarios mínimos mensuales vigentes, mientras que, en dólares, la suma equivaldría a 1.200 dólares, que es lo que un trabajador promedio en Estados Unidos gana en dos semanas.
“Es completamente imposible que el cultivador (campesino) colombiano, pueda competir con cualquier inversor extranjero, al Gobierno colombiano no le interesa que ese negocio quede en manos de capital local, el que está en el narcotráfico allá seguirá porque se ponen tantas condiciones para la expedición de licencias que para el campesino promedio le es imposible cumplir con todos los requisitos”, afirmó Javier Amaya, economista y experto en el tema.
Gabriel Galindo sigue a la espera de saber si será beneficiario de una licencia, insistiendo en que un país con los antecedentes de tráfico de drogas como Colombia, no puede perderse la oportunidad de legalizar y entrar en el mercado.
Lamentablemente, queda la sensación que la incursión de capital extranjero y sus fuertes monedas, seducen a la economía de Colombia y se deja en el olvido la premisa de legalizar este tipo de sustancias como una forma de incentivar al agro colombiano y combatir al narcotráfico.